En conferencia de prensa, el Vicepresidente aseguró que la decisión que tomaron las dos magistradas que serán enjuiciadas (suspender la vigencia de la Ley del Notariado) atenta contra el Estado y la ciudadanía y sienta un precedente «funesto» y «negativo». Aseguró que no existen afanes políticos como denunciaron las acusadas y les pidió actuar con mayor seriedad.
El vicepresidente Álvaro García Linera afirmó hoy que las dos magistradas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que serán sometidas a un juicio de responsabilidades por el caso de la Ley del Notariado atentaron contra la población y el Estado, por lo que dijo que espera que el Senado, como tribunal de sentencia en este proceso, emita una condena «fuerte».
Lo hizo durante una conferencia de prensa en la que además pidió la enmienda de la resolución de suspensión de la vigencia de la Ley del Notariado, causal del juicio autorizado en Diputados y que será ventilado en la cámara Alta.
Las hoy magistradas suspendidas Soraida Chánez y Ligia Velásquez fueron imputadas por los delitos de emisión de resoluciones contrarias a la Constitución, prevaricato e incumplimiento de deberes por haber suspendido la vigencia de la Ley del Notariado en la fase de recepción de la demanda de inconstitucionalidad de la norma. García dijo que la irregularidad radica justamente en que lo hicieron en la fase de recepción y no con una sentencia como manda la norma.
El magistrado Gualberto Cusi también avaló con su firma la decisión, por lo que será enjuiciado una vez concluya con su recuperación médica.
El Vicepresidente negó que en este proceso existan intereses políticos, de control del TCP o intereses para la reelección presidencial, como denuncian las acusadas. “Esas son tonterías”, respondió y reiteró que el argumento solo es jurídico.
Una vez aprobado el proceso en la Cámara de Diputados, pasa al Senado para su sustentación y sentencia. El artículo 24 de la ley para el juzgar al Presidente, Vicepresidente y altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional y Fiscalía fija que la sentencia condenatoria podrá imponer inhabilitación especial del condenado por tiempo que no exceda al de la pena principal.
El Vicepresidente y presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional aseguró que la decisión de las magistradas enjuiciadas es un «atentado» contra el “Estado y la estabilidad jurídica”, y dijo que sienta un “precedente funesto” porque en el futuro cualquier persona puede demandar una norma y, con su sola aceptación, puede suspenderse su vigencia poniendo en riesgo el funcionamiento del Estado.
Las acusadas coindieron ayer en que su suspensión y procesamiento pone en riesgo la institucionalidad y la democracia. Además denunciaron que fue violado el debido proceso y sus derechos.
“ Es una agresión muy dura (la suspensión de la Ley del Notariado) contra el Estado y los bolivianos como para que digamos: bueno, te equivocaste, la próxima vez hazlo mejor. No, hay que sentar precedente, hay que enjuiciar, juzgar y sentenciar para que no se vuelva a repetir”, afirmó y aseguró que el “cuerpo del delito” es la resolución firmada de admisión con suspensión de la vigencia de la ley, pese –añadió- a una posterior modificación que no resolvió el problema de fondo.
García aseguró que la Asamblea Legislativa tiene la obligación de enjuiciar a las magistradas por la “aberración” que cometieron y planteó una sentencia fuerte para ellos. «Espero que establezcan una sentencia fuerte, ese es mi deseo personal. Es una agresión demasiado grande frente a la cual no podemos quedarnos callados».
Demandó además al TCP enmendar la decisión de las magistradas procesadas para poner en vigencia la ley del Notariado que, entre otros aspectos, establece que trámites de divorcio o de herencia puedan ser resueltos en una Notaria. “¿Qué es lo que esperamos? Una enmienda rápida, oportuna y pronta de parte del Tribunal Constitucional, y que sepan que no vamos a permitir como Asamblea Legislativa que se ataque de esta manera infame al Estado boliviano”, advirtió.
Reconoció que la elección mediante el voto de las máximas autoridades del Órgano Judicial no mejoró la Justicia. “La Justicia no ha mejorado”, insistió y perfiló que en el debate de mejoras están “medidas de emergencia” como ajustes en el procedimiento constitucional o correcciones en la forma de selecciones o preselección de candidatos.
