Por César del Castillo (periodista)
La disputa por la fecha del Censo dejó de ser técnica y se convirtió en espacio de una pugna política de inciertas consecuencias. Poco o nada bueno se puede esperar del resultado de este proceso que, en circunstancias diferentes, debería ser una inmejorable oportunidad para que el país encuentre verdaderos derroteros de desarrollo, oportunidad y equidad.
Una vez más, vivimos un escenario de polarización en el que algunos actores políticos pretenden imponer posverdades que en el mediano plazo pueden afectar al sistema democrático en su conjunto.
Por ejemplo, hay dos discursos repetidos en las últimas semanas: 1) que los resultados del Censo van a incidir o van a reconfigurar el Padrón Electoral, y 2) que el Censo probará el fraude de 2019. Dos mentiras que jamás harán una verdad.
El Censo, lo sabemos todos, es un relevamiento de datos estadísticos; en cambio, el Padrón Electoral Biométrico es el registro de huellas dactilares, biometría facial, domicilio, registro de votaciones y otros datos complementarios de todas las ciudadanas y ciudadanos mayores de edad y hábiles por derecho para elegir y ser elegidos en el marco de la democracia representativa. He ahí una diferencia fundamental.
Cabe recordar que el Padrón fue auditado durante seis meses por una misión de expertos de la OEA, en 2017, y que en el Informe de Integridad Electoral realizado por el mismo organismo durante la crisis de 2019 no se menciona ningún problema con el Padrón. Es más, para las elecciones generales de 2020, la Sala Plena del TSE dispuso el cotejo de datos del Padrón con el registro de partidas de nacimiento, acción que constituye el mayor y mejor saneamiento del registro de votantes.
Por lo tanto, los bolivianos asistiremos a las urnas para la Elección de Autoridades Judiciales del 2023, Presidenciales del 2025 y regionales del 2026 con el mismo Padrón Electoral, que deberá ser debidamente saneado y actualizado con el registro de nuevos votantes. El resto es engaño verbal, en el más amable de los casos.
Si las posverdades se impusieran, la única solución sería conformar un nuevo Padrón con un costo mínimo de 50 millones de dólares. ¿Cuándo hacerlo? ¿En cuánto tiempo? ¿A cargo de quién? Uno de los grandes problemas de nuestra democracia es que los políticos carecen de entereza para aceptar los resultados adversos y prefieren culpar al Padrón antes que leer un poco de historia. Nada más.
Sin embargo, es cierto que el Censo incidirá en el sistema electoral en dos aspectos de vital importancia: la redistribución de escaños y el diseño del calendario electoral.
En principio, si se cumplen todas las proyecciones, más del 70 por ciento de la población se mantendrá concentrada en los departamentos del eje central, Santa Cruz será el único departamento que incrementará su número de escaños y será representado por la brigada parlamentaria más numerosa. También se mantendrán las 7 circunscripciones indígenas especiales.
El Tribunal Supremo Electoral tendrá que asumir el desafío de presentar ante la ALP el proyecto de ley para a redistribución de escaños, 63 uninominales y 60 plurinominales, tomando en cuenta criterios de población, continuidad territorial, Índice de Desarrollo Humano e Índice de Desarrollo Económico. Y para cumplir esa misión el TSE debe respaldarse necesariamente en los “resultados oficiales” del Censo que está por venir. Esa redistribución tendrá 10 años de vigencia, por lo tanto no se puede basar en datos preliminares.
En el contexto que vivimos, la pérdida o ganancia de escaños generará previsibles conflictos regionales, con huelgas y bloqueos incluidos. La disputa será entre departamentos y también entre municipios. Solo a manera de ejemplo, El Alto disputará escaños uninominales con el municipio de La Paz y la concordia tardará en llegar. Será un proceso complejo en el que Luis Arce y el MAS deberán asumir las responsabilidades y costos políticos de las decisiones que se vienen ¿Tendrán la voluntad de hacerlo?
El otro factor de preocupación es el calendario electoral. El nuevo gobierno debe jurar El 8 de noviembre de 2025. Para ello, las elecciones generales tendrían que realizarse mínimo 70 días antes, considerando posibles anulaciones de mesas o una inédita segunda vuelta. Eso quiere decir que la cita en las urnas sería el domingo 24 de agosto de 2025.
Para llegar a la votación de agosto, el TSE debe aprobar la convocatoria a elecciones generales por lo menos 150 días antes (art.94 de la Ley de Régimen Electoral), pero si la Sala Plena actúa con seriedad debería tomar 180 días, dada la redistribución de escaños. Es decir, la convocatoria podría ser anunciada aproximadamente el 1 de marzo de 2025.
A lo dicho, es necesario añadir otro elemento: por mandato de la Ley de Organizaciones Políticas, se deben realizar elecciones primarias para la definición de las candidaturas, en una fecha única que podría estar alrededor del 1 de noviembre de 2024.
Es decir, el nuevo ciclo electoral iniciará en a fines de 2024, entre los hitos más importantes estarán la votación de agosto y la posesión del nuevo gobierno en noviembre de 2025, y finalizará 150 días después con la elección de gobernadores, asambleístas departamentales, alcaldes y concejales, en marzo de 2026.
Con todo este complejo panorama, es razonable plantear y exigir un Censo idóneo en 2023, cuyos resultados oficiales sean conocidos un año después, en 2024, para que el reto de renovar autoridades nacionales, departamentales y locales sea llevado a cabo con naturales dificultades, pero sin acciones u omisiones que dañen la democracia.
Es cuestión de acuerdos y voluntades políticas. El Censo es importante para el pacto fiscal y la redistribución de recursos, cierto, pero también es esencial para la democracia y no debería sobreponerse al calendario electoral. De nada servirá si no somos capaces de participar en elecciones limpias para conformar gobiernos legítimos.
